El fraude legislativo
Cómo una Legislatura al servicio de las mineras nos robó la Iniciativa PopularEn una oprobiosa sesión legislativa el proyecto original fue reformado de tal manera que lo transformaron en casi una aprobación a la megaminería, quedando con el título de «iniciativa popular», como si los 13.007 ciudadanos hubiesen impulsado esa infame ley.
Ese día descubrimos que la participación ciudadana era una farsa, letra muerta de la Constitución. Como graficó una compañera: «fue como si se hubiese ingresado por iniciativa popular un proyecto contra la trata de mujeres y lo que salió aprobado fue la apertura de prostíbulos».
Este escándalo ocurrió en una sesión donde un diputado fue retratado por una compañera en una fotografía recibiendo instrucciones de un directivo de la transnacional minera Yamana Gold en plena sesión legislativa, le decía por mensaje de texto como debía escribir la ley del fraude. Fue una foto que recorrió todos los diarios del país y que era la prueba contundente de algo que decíamos y sabíamos, pero que nunca había sido visto de manera tan explícita: las transnacionales escriben las leyes que nos saquean y contaminan. Ahora tenemos la imagen de esa certeza.
El desenlace de esta historia es que la ley del fraude no pudo ser puesta en marcha, porque el escándalo dio la vuelta país y el gobierno anterior había quedado muy desprestigiado. El actual gobierno lo utilizó en su campaña y había dicho que derogaría la infame ley que se robó la iniciativa popular en caso de ganar las elecciones. En enero de este año, y poco después de asumir, el gobernador derogó la legislación fraudulenta.
Previamente las asambleas realizaron todo tipo de acciones legales, desde denuncias penales contra los diputados que votaron ese día, amparos y pedidos de nulidad de la sesión del escándalo. La justicia no ha dado ninguna respuesta. Ahora estamos pidiendo que se trate la ley del pueblo, la ley de las asambleas que nunca fue tratada. Por otro lado es una hermosa legislación, de haberse aprobado tendríamos la ley más completa del país defendiendo el agua y los ecosistemas. En sus fundamentos recoge años de saberes colectados por las asambleas y sus expertos.