Una nueva iniciativa

Han transcurrido más de 5 años desde ese primer intento de lograr la aprobación de una ley referida a la actividad minera que coincida con lo establecido por el Art. Nro 41 de nuestra Constitución Nacional y las asambleas miembros de la UACCH seguimos reclamando que nos deben una ley.

Desde fines del año 2017, los tambores del poderoso lobby minero retumban con fuerza en nuestra provincia nuevamente. Se trata de un proceso que comienza con el gobierno de Mauricio Macri y sigue como en una solución de continuidad con el gobierno de Alberto Fernández. Los abordajes fueron múltiples, sucesivos y complementarios, desde el proyecto de zonificación minera que pusieron en manos de los jefes comunales de la meseta, expresando que era la aplicación del artículo Nro 2 de la Ley ex-5001, hasta la intención del gobierno actual de crear una empresa minera nacional.

Hemos presenciado la cumbre minera de Telsen, las charlas organizadas en las localidades de la Costa y la Meseta por el gremio de jerárquicos mineros (ASIJEMIN); la ausencia del estado en situaciones críticas que da lugar a la intervención de Pan American Silver con donaciones, con el fin de lograr aceptación en las comunidades; la conformación de cámaras de proveedores mineros en la Costa, la Meseta y la Cordillera; el intento reiterado por modificar la ley 5001 para habilitar la megaminería; la crisis socioeconómica provincial y el discurso oficial que inducía a hacer creer que esta se resolvería con la minería. También tomamos conocimiento de que en los últimos 2 años los proyectos mineros de oro, plata y uranio de Chubut fueron ofrecidos en la convención minera anual de Canadá. Sin embargo, una de las noticias más impactantes ha sido el acuerdo de opción entre Yamana Gold y el empresario argentino Eduardo Elsztain sobre el proyecto minero Suyai tras 17 años de resistencia del pueblo de Esquel.

El impulso de la minería convertida en política de estado y la ausencia de licencia social decidió nuevamente a las asambleas a promover un marco legislativo basado en los principios ambientales preventivo, precautorio, de sustentabilidad y de equidad intergeneracional, principios que garanticen el presente y el futuro, que impidan el colapso de la naturaleza, que modifiquen el sentido antropocéntrico de las actividades humanas y que nos ubiquen en un equilibrio con todos los otros seres que habitan el planeta.

Esto motivó decidir el lanzamiento de una campaña provincial para presentar un segundo proyecto de ley por Iniciativa Popular el 22 de junio de 2020.